México pierde inversiones por 8,200           millones de dólares

21 de Enero de 2020

El próximo 31 de enero se cumple un año de que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, ordenó la cancelación de la Primera Subasta de Largo Plazo del 2018. Ésa fue una de las varias decisiones que se han tomado en este gobierno sobre el sector energético que han preocupado a los inversionistas.

El gobierno de López Obrador, ha reprobado los resultados de la reforma energética, que se inició durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y, aunque no ha ordenado su cancelación legal, ha tomado varias medidas administrativas que buscan revertirla, tanto en el ámbito de hidrocarburos como en el eléctrico. Y en este caso en particular, en el sector eléctrico, ¿cuál es el costo de no realizar las subastas de largo plazo (SLP)? El cálculo lo hizo Fresh Energy Consulting en un análisis intitulado: Implicaciones de la Cancelación de la Primera Subasta de Largo Plazo 2018. Y los resultados son verdaderamente sorprendentes. Con la paralización de las SLP se estima que México dejaría de percibir un monto de inversión acumulado aproximado de 8,200 millones de dólares hasta el 2024.

Tal inversión tendría un impacto aproximado en el Producto Interno Bruto Nacional por hasta 11,000 millones de dólares.

Y en materia de empleo se calcula que la cancelación de las SLP impediría que se generen hasta 16,100 empleos directos durante la construcción, 860 empleos directos durante la operación, así como más de 35,000 empleos indirectos, lo que supone un total de más de 54,000 empleos en total.

Como consecuencia de la cancelación de la SLP 2018, se ha observado que “operadores mueven sus capitales a nuevos mercados en donde la reciente introducción de subastas les permite tener certidumbre sobre sus ingresos en el largo plazo y por tanto acceso a fuentes competitivas de financiamiento”.

En Latinoamérica, las subastas han sido el principal motor de desarrollo de fuentes de energía renovable.

Desde la implementación de la reforma energética en México las SLP han sido el principal mecanismo para atraer inversión privada en energía limpia, generando una derrama económica importante que se ha traducido en incremento de la inversión y generación de empleos.

Y ¿qué son las SLP?, seguro se estará preguntando usted, amable lector. En el contexto de la apertura a las inversiones privadas nacionales e internacionales y como parte de la reforma energética, las SLP se crearon con el propósito de facilitar a CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) la contratación de sus productos a los precios más eficientes y competitivos del mercado.

Son por ley el único mecanismo que tiene CFE SSB para establecer nuevos contratos de cobertura eléctrica para la adquisición de sus productos, incluyendo los Certificados de Energía Limpia (CEL). Previo a la cancelación de la SLP 2018, se habían celebrado y adjudicado tres subastas de largo plazo, que permitieron a CFE SSB contratar 19.8 TWh de energía limpia, 20.6 millones de CEL y 1,687 MW de potencia a precios sumamente competitivos, que incluso han marcado récords a nivel internacional, permitiendo la integración de 7 GW de capacidad limpia al Sistema Eléctrico Nacional.

Las subastas son el instrumento más utilizado a nivel internacional para fomentar la transición energética a proyectos de energía renovable a los costos más competitivos del mercado.

Ese hecho se comprueba con el número creciente de países que han adoptado este mecanismo, pasando de 50 en 2017-2018 hasta más de 100 en el 2019.

Está a punto de cumplirse un año de la cancelación de la SLP 2018. Se dijo que se realizaría un análisis y a la fecha no hay claridad sobre la continuación de las subastas o si se optará por algún mecanismo alternativo. La pregunta, es: ¿México puede darse el lujo de cerrar la puerta a las inversiones y a las energías limpias? Al tiempo.

Atisbos
CAMBIOS.- Vienen cambios en el SAT. Están por salir del organismo los administradores generales en las áreas jurídica, de servicios al contribuyente, recaudación y sus administradores centrales y de evaluación.

Fuente: El Economista

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